Por: Luis Farfán Falcón

Director de Comité de Investigaciones Jurídico-Tributarias del Centro Estudios Privados ZavaRod Institute Profesor de Derecho Tributario USMP

La salida de Tuesta de la cartera del MEF sigue ensombreciendo el panorama económico del país, resultando estéril hacer referencia nuevamente a los reflejos contradictorios que proyecta el Gobierno, el cual se resume en una inexistente Política Fiscal. En buena cuenta, la predictibilidad y la seguridad jurídica tributaria siguen en evidente opacidad en desmedro de las actividades empresariales, así como de sus proyecciones de rentabilidad.

Las clasificadoras internacionales de riesgo ya vienen pronunciándose al respecto (Gestión 08.06.2018) sobre lo peligroso que este contexto podría traer consigo en las cuentas fiscales macroeconómicas del país. Así, por ejemplo, el Perú hacia el 2021 tiene como objetivo rebajar el déficit fiscal al 1% del PBI. Aspiración que dada la coyuntura parece ser más lejana.

A este endeble contexto, se suman las declaraciones del presidente Vizcarra quien previamente al reemplazo de Tuesta por Carlos Oliva como nuevo mando del MEF, mencionó que se harían mayores fiscalizaciones tributarias, en un tono a nuestro juicio, más recaudatorio que efectivo o plausible. A lo que se agregan declaraciones pasadas a Gestión del hoy ministro del MEF sobre que “todos debemos pagar impuestos”. Legítima obligación, que en un clima de sana estabilidad y certeza jurídica – tributaria no estaría en discusión, más aún cuando hasta la fecha no se ha materializado, al detalle y por sector estatal, la tan proclamada reducción de gastos corrientes).

Este clima de zozobra y, siendo esa la premisa con la que se parte, el Gobierno en un acto de desesperación, está cayendo en medidas efectistas tales como la cuestionable alza de tasas del ISC sobre vehículos nuevos, combustibles y ciertas bebidas. Medida que paradójicamente conjugado con otras variables, dieron lugar a la salida de Tuesta. Se añade a esta incertidumbre la caída porcentual, en aprobación ciudadana, de la actual gestión gubernamental. Mientras que el debate sobre la aprobación de facultades legislativas destinadas a la reactivación económica, entre ellas las tributarias, se encuentran en suspenso.

El escenario descrito, se erige en uno propicio para que el Poder Tributario pueda ser ejercido en forma antitécnica poniendo en severo riesgo la continuidad de las ya frágiles políticas públicas, así como una buena y fiable proyección macro – presupuestal. Lo cual, inclusive podría extrapolarse en las labores de control del ente tributario. Siendo que en ese anti tecnicismo se afecten derechos de los administrados sujetos a una fiscalización en aras de una mayor recaudación a raíz del mencionado contexto de incertidumbre.

Muestra de ello, se estaría visualizando en las declaraciones del presidente en torno a la conformación de un “equipo conjunto” conformado por diversos estamentos del Estado, entre ellos el Poder Judicial, a efectos de recaudar con suma celeridad las deudas tributarias sujetas a litigios en los organismos jurisdiccionales.

Evidencia tangible del menoscabo al principio de separación de poderes, independencia y autonomía de los estamentos del Estado. Intromisión que debilita la institucionalidad y legitimidad en la actuación estatal, haciendo perder el enforcement de la SUNAT y administraciones tributarias municipales en sus labores de control, fiscalización y recaudación. Lo que finalmente conllevaría a una mayor litigiosidad tributaria en sede administrativa y judicial en el mediano y largo plazo. Litigiosidad que irónicamente hoy se pretende evitar.

Junio, 2018.

Nota del Centro de Estudios Privados ZavaRod Institute

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